Por: Área Académica de Ciencias Sociales – Instituto ILFOPRO
La coyuntura post-pandemia en Latinoamérica ha reconfigurado dramáticamente el tejido social. Sumada a factores endógenos y exógenos, esta nueva realidad ha intensificado las demandas socioeconómicas de las poblaciones más vulnerables, creando un escenario donde los modelos tradicionales de asistencia y desarrollo ya no son suficientes. Hoy, la intervención social en comunidades campesinas y pueblos originarios exige una transición urgente: pasar de la filantropía o el asistencialismo hacia una gestión técnica, intercultural y basada en el cierre efectivo de brechas.
La Reactivación Económica y el Riesgo de Conflictividad
El Estado y el sector privado se encuentran bajo una presión inmensa para reactivar la cadena productiva y renovar la infraestructura básica (vial, digital y eléctrica). Sin embargo, la historia reciente nos enseña que la inversión —ya sea extractiva, industrial o de servicios públicos— sin «licencia social» es insostenible.
Existe una correlación directa entre el incremento de la inversión y el aumento de la conflictividad social. Esto no se debe necesariamente a una oposición al desarrollo per se, sino a la percepción de inequidad y a la falta de transparencia en el uso de los recursos. Para mitigar estos riesgos, resulta imprescindible una adecuada identificación, monitoreo y evaluación de los recursos aportados. No basta con ejecutar el presupuesto; es vital asegurar que cada sol o dólar invertido se traduzca en una mejora tangible en la calidad de vida de la población objetivo.
El Enfoque Intercultural: Más allá del Discurso
Uno de los errores más comunes en la formulación de proyectos es la estandarización de soluciones. Lo que funciona en un entorno urbano no necesariamente aplica en una comunidad originaria. El verdadero desarrollo territorial requiere, de manera obligatoria, un enfoque de interculturalidad.
Esto implica entender la evolución histórica de las comunidades, sus dinámicas de cambio y continuidad, y sus estructuras de organización propias, como las rondas campesinas o los comités de autodefensa. Un gestor social competente no impone una visión de «progreso», sino que construye puentes de diálogo para una genuina participación ciudadana. La gestión de stakeholders comunitarios no debe ser vista como una táctica para «apagar incendios» o manejar crisis, sino como una estrategia preventiva de gobernanza socioambiental.
La Necesidad de Profesionalización
La complejidad actual demanda un nuevo perfil profesional. Ya no es suficiente con la buena voluntad. La gestión de proyectos sociales requiere competencias técnicas en:
- Diagnóstico Situacional: Entender la vulnerabilidad y el riesgo social con datos precisos, no con suposiciones.
- Sostenibilidad y RSE: Integrar la responsabilidad social empresarial no como un anexo, sino como el núcleo de la estrategia corporativa.
- Gestión de Conflictos: Moverse de la contención a la transformación de conflictos, utilizando herramientas de comunicación efectiva y negociación.
Conclusión
El cierre de brechas sociales en contextos vulnerables es el gran desafío de nuestra década. Para lograrlo, necesitamos profesionales capaces de formular, seguir y valorar proyectos con rigor técnico y sensibilidad humana. Solo a través de una gestión transparente, que integre la eficiencia en el gasto con el respeto profundo por la identidad territorial, podremos transformar la conflictividad en oportunidades de desarrollo sostenible para todos.
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