Formulación, seguimiento y valoración de proyectos de intervención social en contextos vulnerables, así como en comunidades campesinas y pueblos originarios.

La coyuntura post-pandemia, sumada a factores endógenos y exógenos, ha intensificado las demandas socioeconómicas de las poblaciones vulnerables, lo que a su vez exige una mayor eficiencia en el uso de los recursos por parte de los gobiernos locales y la cooperación internacional. Esta dinámica está directamente ligada al incremento de la conflictividad social generada por las inversiones público-privadas, ya sean proyectos de corte extractivo, industrial, o iniciativas destinadas a mejorar servicios sociales y públicos. Para mitigar el riesgo de estas tensiones, resulta imprescindible una adecuada y transparente identificación, monitoreo y evaluación de todos los recursos (organizacionales, logísticos y económicos) aportados por los sectores público, privado o mixto, asegurando que los esfuerzos se traduzcan efectivamente en el cierre de brechas sociales.

Ante esta situación, el Estado y la inversión privada se ven obligados a impulsar con urgencia proyectos que reactiven la cadena productiva, la dinámica primario-exportadora y la renovación de infraestructura básica y de interconexión (vial, digital, eléctrica). Es crucial que estas iniciativas se ejecuten con criterios de idoneidad y bajo enfoques integrales que aseguren un desarrollo sostenible y territorial. Estos enfoques deben incluir de manera obligatoria la interculturalidad, la gestión y transformación de conflictos, el crecimiento económico equitativo, el desarrollo local y una genuina participación ciudadana.